Los peritos psicológicos se han convertido en actores clave del sistema de justicia de familia. A ellos se les consulta, por ejemplo, por la idoneidad de los padres para cuidar a sus hijos. Sus opiniones profesionales también pueden entregar indicios de abusos o de violencia que han experimentado los niños. Como resultado, sus peritajes muchas veces son determinantes para que un juez le quite la tuición a un padre o envíe a un menor al Sename como medida de protección. Pese a jugar ese rol decisivo en la vida de una familia, en Chile estos peritos operan sin regulación: no hay norma que los certifique ni nadie que fiscalice su idoneidad…

Esta falta de control permite que al sistema ingresen profesionales sin la preparación mínima –académica y laboral– para ejercer. CIPER revisó una serie de informes periciales y encontró inconsistencias en los antecedentes académicos de peritos de dos de las empresas más cuestionadas entre los actores del sistema…

Pero el sistema pericial privado no es el único que falla. Los peritos públicos también tienen problemas. El Servicio Médico Legal (SML) y los proyectos de Diagnóstico Ambulatorio (DAM) –que dependen del Sename– son los encargados de hacer los informes para quienes no pueden pagar un perito privado. La sobrecarga laboral y la falta de recursos con los que conviven estas instituciones, no les permite a los profesionales atender la demanda existente. Es más, se les permite faltar a su presentación en audiencia, instancia en la que deberían explicar y defender el trabajo realizado. La suma de estos factores ha propiciado la multiplicación de los peritos privados.

EL SISTEMA EN CAÍDA

El Poder Judicial tiene un registro de peritos psicológicos. Sólo en las Cortes de Apelaciones de Santiago y San Miguel hay más de 200 inscritos. Este listado quedó como un residuo del sistema anterior a la reforma de los Tribunales de Familia de 2004, pero la ley no se ocupó de actualizar ni de ajustar las exigencias. Para ingresar al registro sólo es necesario entregar el currículum, el certificado de título y contar con al menos cinco años de experiencia como sicólogo. No es requisito tener una formación específica.

Cuando las partes en un juicio ofrecen presentar un peritaje ante un tribunal, no se le exige al profesional que se hará responsable de ese estudio estar inscrito en ese listado oficial. Sólo si es un juez de familia el que ordena el peritaje, éste se escoge obligatoriamente entre los psicólogos registrados.

Inscritos o no, es el juez el responsable de exigir la idoneidad de los peritos en la audiencia preparatoria, solicitando títulos y lo necesario para acreditar su aptitud. Un trámite que según los propios abogados litigantes de familia no se está cumpliendo.

La falta de regulación de los peritos va más allá. Porque si un juez encuentra incongruencias en el historial laboral y académico de un perito, debe informar a la Corte de Apelaciones. Pero eso no significa que se estudiará el caso para que, si en definitiva se comprueban las falencias, ese sicólogo sea excluido del registro. Solo es un aviso que se tendrá en cuenta en el próximo llamado de peritos cuando se cumpla el bienio de su inscripción…

–Hoy día un perito puede realizar un trabajo para el tribunal sólo por el hecho de ser profesional del área. Cualquier psicólogo puede ser llamado a un juicio como perito. No se lo puede inhabilitar pero, ¿cuál es la formación necesaria, además del título de pregrado, desde el punto de vista legal? Ninguna.

El trabajo de estos profesionales está guiado por dos normativas: la Ley de Tribunales de Familia y la Resolución Exenta N° 8.083 del SML. En la primera se establece que no se puede pedir la inhabilitación de los peritos, pero que “durante la audiencia podrán dirigírseles preguntas orientadas a determinar su objetividad e idoneidad, así como el rigor técnico o científico de sus conclusiones” (ver documento). Esta norma debería actuar como un “filtro”, lo que muchas veces no sucede. La ley permite, si las dos partes están de acuerdo, que los peritos no asistan a la audiencia, lo que es bastante habitual.

La normativa del SML, por su parte, indica que los peritajes psicológicos deben dar respuesta a la pregunta psico-legal que hace el juez. Por ejemplo, responder si una persona es o no apta para estar a cargo de un niño. Además, el SML detalla los procedimientos básicos y la estructura que debe tener el informe. Añade que el estándar a seguir es el que instruye la guía de la Asociación Estadounidense de Psicología (APA, por su sigla en inglés). Pero no hay una norma que permita fiscalizar que los peritajes se realicen correctamente.

CIPER tuvo acceso a más de una decena de informes periciales y corroboró que puntos esenciales de estas instrucciones no siempre se cumplen. Por ejemplo, no es raro que no haya registro de las entrevistas (como sugiera la APA), ni un análisis previo de los antecedentes de la causa. A ello se agrega que en los informes no se explica por medio de qué instrumento y qué respuestas se llegó a las conclusiones.

Un informe…Según el estudio, en ninguna de las audiencias observadas en que se ofreció prueba pericial se discutió la idoneidad del profesional propuesto.

Cuando una de las partes ofrece un peritaje como prueba en la audiencia preparatoria, el juez debe exigir el currículum y todos los antecedentes disponibles para verificar que el perito sea idóneo para la tarea. El problema es que este “filtro” no está funcionando: “las partes ven muy reducidas sus posibilidades de controvertir y controlar la información que dicha prueba aporta al juicio. No siempre es de la mejor calidad y no siempre es genuinamente imparcial y ocurre que todo el sistema opera como si siempre lo fuera”, se lee en el informe de los abogados de la UDP (ver documento).

Pedro Maldonado, juez del 4° Juzgado de Familia de Santiago, reconoce que “en los juicios actualmente, en todo ámbito, la opinión de los peritos es vital para poder resolver, porque hay cuestiones que sólo pueden ser explicadas por expertos. Lo que falta es una mayor formación en el análisis pericial forense: formación académica para los peritos y para los abogados para cuestionar esos informes”.

Abogados que actualmente litigan en Tribunales de Familia dijeron a CIPER que el diagnóstico que hicieron los profesionales de la UDP en 2010 ha empeorado. Culpan en gran parte al colapso del sistema, que ha visto aumentar el número de causas por tuición, visitas, régimen comunicacional y de protección.

De hecho, según las estadísticas oficiales del Poder Judicial, el número de causas ingresadas a los Tribunales de Familia casi se duplicó entre 2008 y 2014. Si en 2008 el sistema recibió 340.720 causas, en 2014 esa cifra llegó a los 648.576. Al revisar el desglose de esa cifra, uno de los mayores aumentos se refiere a solicitudes de “relación directa y regular con el niño” (visitas). En 2008 sólo hubo 20 mil peticiones, mientras que en 2014 la cifra bordeó las 90 mil.

A una modificación de la ley realizada en 2008 se sumó en 2013 la Ley 20.680, que entregó mayor igualdad en términos de visitas y cuidado de los hijos para ambos padres, algo que a la postre potenció el mercado de los peritos en Chile. Al tener los hombres mayores derechos, aumentaron sus demandas por más tiempo e incluso tuición total de sus hijos. Para conseguir eso, necesitaban peritos que los declararan aptos para las funciones parentales…

Verónica Gómez, psicóloga con magíster en Intervención Psicojurídica y Forense de la UDP, piensa distinto. La profesional dijo a CIPER que cada vez son más los informes en los que no se siguen los procedimientos mínimos para hacer una pericia: (subrayado es nuestro)

–Se ha tomado como práctica no grabar o no tener registro alguno de las entrevistas. Sin ese material es difícil analizar con profundidad a la persona, mucho menos dar un resultado pericial de personalidad o habilidades parentales. Además, algunos informes vienen con resultados de pruebas proyectivas, que ayudan al momento de evaluar indicios, pero que no son objetivas. Por eso es necesario establecer una metodología y procedimiento estandarizado en el sistema. (destacado es nuestro)

El abogado litigante… 

EL DICTAMEN DE LOS PERITOS

Otro problema que han detectado los distintos actores del sistema es que los peritos no se limitan a hacer un diagnóstico o responder la pregunta encargada por el juez que lleva la causa, sino que incluyen recomendaciones de la decisión legal que deberían tomar los jueces.

El juez Maldonado lo explica así:

–Uno de los errores más comunes de los peritos es adentrarse en ámbitos que no les corresponde. Por ejemplo, cuando un perito sugiere al final de su informe que el juez debe acoger la demanda de cuidado personal. Eso, metodológica y teóricamente es incorrecto, porque el perito tiene que dar datos concretos que el juez interpreta.

El Centro de Diagnóstico y Tratamiento… 

Pero el trabajo de estos sicólogos no siempre termina con los peritajes. En los informes a veces se sugieren tratamientos de revinculación y de habilidades parentales que luego, en muchos casos, ellos mismos entregan. Por ejemplo, en uno de los informes analizados por CIPER se sugiere terapia reparatoria para el niño y otra de revinculación para los padres…

Esta práctica está reñida con la ética profesional. Así lo dice explícitamente la Guía para Evaluaciones de Custodia Infantil en Procesos de Ley Familiar de la APA (validada en Chile por la resolución del SML): los psicólogos que conducen estos peritajes y luego se hacen cargo de la psicoterapia de los examinados, son ejemplos claros de las “relaciones múltiples” que los psicólogos deberían evitar, pues sus obligaciones éticas respecto de los conflictos de interés debería obligarlos a negarse a entregar estos servicios (ver documento).